Las concesiones mineras son superficies territoriales determinadas que, como su nombre lo indica, son concesionadas por el Gobierno Federal a una empresa minera en particular para que pueda realizar todas sus actividades, como los estudios de exploración y extracción de minerales.
La Constitución de México establece que, si bien los recursos naturales son de la nación, el Gobierno puede concesionar el aprovechamiento de los recursos a los particulares, como las empresas mineras. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, actualmente existen 24,066 concesiones mineras en México, el equivalente a 16.86 millones de hectáreas de terreno. Lo anterior implica que solo 8.6% del territorio nacional está sujeto a la investigación y exploración de recursos minerales de la nación (el futuro de la minería) y de esta superficie solo un 2% son minas en operación.
Por otro lado, su funcionamiento sigue la lógica detrás de un contrato de arrendamiento; un individuo renta algo a otro para que lo utilice por un tiempo determinado a cambio de un pago. Algo parecido sucede con las concesiones: las empresas mineras pagan para realizar sus actividades en una porción específica de terreno por un periodo determinado (típicamente la vida útil de la mina).
Ahora bien, las concesiones no solo implican gozar de derechos, también hay una serie de responsabilidades legales tales como la preparación de informes estadísticos, trámites para contar con la certeza técnica y jurídica de cada una de las concesiones mineras, la supervisión de los levantamientos geodésicos y topográficos, por mencionar algunos.
Las concesiones son vitales para mantener nuestra cadena de operaciones. Es decir, todas las operaciones mineras de Autlán están respaldadas por su respectiva concesión, lo que nos permite operar con apego a la ley. Por esta razón, en Autlán entendemos la importancia de una correcta administración y cumplimiento de nuestras obligaciones legales para la continuidad de nuestras operaciones y gracias a nuestro equipo de Fundos Mineros tenemos la tranquilidad jurídica necesaria para seguir aportando al desarrollo de nuestras comunidades, colaboradores, y toda nuestra cadena de valor.
